Sindical

El Frente de Unidad Docente, ATE, Cicop y Asociación Judicial Bonaerense denuncian la supresión de derechos laborales, recorte salarial y reclaman paritarias. Público gratuito y universal ¿por qué estos conceptos están en la mira?

Trabajadores de la Educación, la Salud, judiciales y estatales van a parar mañana y el viernes en el territorio bonaerense, para exigir el cumplimiento de una agenda que tiene factor común en el rechazo a la estrategia presupuestaria, sanitaria y educativa del Gobierno Vidal, así como en la exigencia de paritarias que permitan discutir condiciones laborales y recomposición salarial.

Así lo hicieron saber dirigentes del Frente de Unidad Docente, ATE, Cicop y Asociación Judicial Bonaerense que coincidieron en denunciar que la gobernadora pretende que el espacio paritario se convierta en una especie de escribanía en la que los trabajadores firmen acuerdos salariales a la baja que, además, recorte derechos laborales.

En este contexto, mañana jueves, va a llevarse a cabo una movilización hacia la Gobernación, convocada por estos espacios sindicales con la consigna de no aceptar que se cierren paritarias a la baja, pero también con una mirada crítica sobre el Proyecto de Presupuesto que el ejecutivo nacional envió al Congreso que, si prospera, va a consolidar el severo recorte que ya se viene efectuando –entre otras- a las partidas de Salud y Educación.

Al respecto, el titular de Suteba, Roberto Baradel, fue claro cuando recordó que en la provincia de Buenos Aires hay quinientas escuelas donde no se dicta clases, porque las deficiencias de infraestructura lo impiden. Y, sin dudarlo, repudió la demonización y criminalización con que las autoridades provinciales hostigan a los trabajadores que luchan y sus organizaciones gremiales.

Por su parte, desde ATE provincial, Oscar De Isasi, apuntó contra el Proyecto de Presupuesto que “es una clara muestra del ajuste del gobierno”, tras lo que advirtió que “esto, seguramente, repercutirá en un presupuesto provincial”.

Así las cosas, mientras el gobierno bonaerense apuesta decididamente al desgaste de los gremios, los trabajadores avanzan en espacios de unidad en la acción.

Vale recordar que después de 19 convocatorias a la mesa paritaria, la última porque el Poder Judicial intimó a la gobernadora a cumplir con esta obligación, el ejecutivo presentó una oferta de recomposición que –en el mejor de los casos- pondría a fin de año al salario, quince puntos por debajo de la inflación.

Algo similar pasa con el caso de los trabajadores agrupados en ATE y es peor aún en el de aquellos de la Salud: los profesionales nucleados en Cicop fueron convocados sólo una vez durante este año y les ofrecieron recomponer salarios en un quince por ciento, pagadero en tres cuotas.

Mientras que los judiciales denuncian que Vidal incumple la orden judicial que la obliga a actualizar el salario de acuerdo a la inflación y que, además, desde hace casi seis meses que decidió no abrir la paritaria.

 

¿Por qué?

 

La agresión sistemática de la Gestión Vidal hacia los trabajadores estatales es paradigmática y tiene un sentido pedagógico. El volumen y tradición de resistencia y lucha de los gremios estatales, es proporcional al énfasis el Gobierno Cambiemos pone en su intento por destruirlos. En el caso de los docentes, esto va  de la mano del descalabro que provocó la supresión de la Paritaria Nacional.

¿Pero será sólo esto, acaso será casual todo esto que está pasando?

Como pocas veces, en estos días en Argentina, un gobierno hace crujir la idea de pacto social propuesto por la democracia liberal burguesa. Esta tensión exhibe lo falaz del postulado que intentó, mediante reformas económicas y sociales, integrar a la clase trabajadora en una relación armónica hacia dentro de los límites del Estado Liberal Burgués y, por lo tanto, de las relaciones que establece el capital.

Esta postura negadora de la lucha de clases, se extendió en algunas formaciones estatales, durante el interregno entre las dos crisis de larga duración capitalista que tuvo lugar inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.

Y básicamente se fundamentó en la construcción de sistemas educativo, sanitario y jubilatorio de carácter público, universal y gratuito que se instalaron como derechos establecidos en el cuerpo de leyes, pero también culturalmente.       

Con la Unión Soviética del otro lado de la calle –ahí los trabajadores efectivamente tenían estos derechos- y la apuesta a un capitalismo fordista necesario para reconstruir el aparato industrial europeo, era sensato convencer a los trabajadores de que era mejor el orden que desafiarlo. Y, para ello, nada como trabajadores sanos –el que se enfermaba paraba la línea de producción-, instruidos para poder realizar tareas de relativa complejidad y que tuvieran la certeza de que, con los años, llegaría la jubilación y sus hijos podrían tener posibilidades superiores a las que ellos tuvieron.

Argentina también fue escenario de este momento keynesiano (en un sentido amplio del término), pero tal como en el resto de formaciones estatales donde brilló el reformismo, a la vuelta de la esquina y con la Segunda Crisis de Larga Duración Capitalista a cuestas, la respuesta fue clara y marcó límites contundentes.

Por eso es que ahora, desde la expresión más concentrada del universo del capital, no sólo pretenden quedarse con el excedente que –con diferentes grados de intensidad- en esos años y en coletazos posteriores fue redistribuido, sino que decididamente van por la destrucción de estos sistemas.

Y lo hacen porque los sistemas jubilatorio, de Salud y Educación de carácter universal, público y gratuito son extraños al capitalismo en sí cuya realización está en la mercantilización, esto es, en la convicción de que todo puede y debe ser negocio.

Por eso, ahora va por aquello que concedió -aún aborreciéndolo-, por necesidades históricas vinculadas a su propia supervivencia. Porque por la propia dinámica de maximización de tasa de ganancia, basada hoy en la deslocalización y financierización, al capitalismo le sobran personas.

Entonces ya no importa que haya operarios instruidos para manejar maquinaria compleja, porque en la fila de desocupados siempre va a haber muchos necesitados de trabajar –literalmente- a cualquier precio.

Por lo mismo, tampoco precisan un sistema universal que garantice el acceso a la salud, en tal caso, la preocupación se acota a un calendario obligatorio de vacunación bastante acotado, lo suficiente como para evitar que proliferen enfermedades  cuyos vectores sean capaces de saltar el muro del barrio cerrado y contagiar a los que viven adentro.

Así las cosas, los sistemas jubilatorio, de Salud y Educación de carácter universal, público y gratuito son una suerte de avanzada de una sociedad diferente de tipo no capitalista, lo que ayuda a explicar por qué tanto énfasis, por parte del Gobierno Cambiemos, a la hora de aplicar un mecanismo de sistemático desmantelamiento que no apunta a otra cosa que a destruirlos.

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