¿Un Consejo para 2021?

Arranca 2021 y el ejecutivo nacional busca dejar atrás las restricciones que la pandemia le puso a su agenda. Por eso adelantó que va a convocar al Consejo Económico y Social (CES), que es la piedra angular de la estrategia gubernamental, tal como lo recalcó Alberto Fernández durante la campaña que lo llevó a la Presidencia y en el discurso de apertura del año legislativo 2020.
La idea de construir un acuerdo policlasista que sirva para la planificación de políticas a largo plazo, es un viejo paradigma de los progresismos que gobernaron argentina desde mediados del siglo 20.
Aquello que en España se resumió bajo la fórmula “Pactos de la Moncloa”, es un espejo en el que el progresismo argentino intenta reflejarse.
En lo concreto, la idea de Fernández es reunir durante este mes al organismo que va a presidir Gustavo Béliz, para que sea ese mismo espacio quien confeccione un proyecto que, cuando lo sancione el Congreso, reglamente su funcionamiento.
Del borrador de esta iniciativa trascendió que el ejecutivo espera que el CES tenga áreas que analicen y aporten ideas vinculadas a los universos del trabajo y la generación de empleo, el desarrollo regional, ciencia y tecnología, educación y el sistema previsional. También que su titular tenga mandato por cinco años.
Para arrancar con los encuentros, las invitaciones de la Secretaría de Asuntos Estratégicos se repartirían entre la CGT que –a duras penas- conduce Héctor Daer, más el sector que responde a Hugo Moyano, así como las dos CTA.
Por su parte, las tarjetas para las organizaciones sociales las va a seguir distribuyendo la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y la prioridad la tendrá el grupo de San Cayetano. Como pasaba cuando Cristina de Kirchner era presidente, para algunos habría Patio de las Palmeras y otros se van a tener que conformar con ver lo que pasa desde afuera, eso sí, por pantalla gigante.
Aquí vale recordar que, en junio, la Utep presentó un documento que –entre otros- firmó el MTL, en el que propuso una agenda con propuestas sobre soberanía alimentaria, monetaria y financiera, así como fiscal y energética, planificación territorial y el acceso a la vivienda digna.
Entre el universo del capital, tienen plazas fijas los miembros del Grupo de los Seis que integran la Unión Industrial, la Sociedad Rural, las cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino.
Otro que se prevé que sea de la partida es el Espacio Producción y Trabajo donde articulan organizaciones que reúnen a pymes, movimientos sociales y cooperativas de todo el país.
La cita también incluye a la Iglesia Católica Apostólica Romana y a representantes de otros cultos, al tiempo se espera que se vayan sumando entidades de la sociedad civil que tengan intereses directos con cada tópico que se trate.
Lo que todavía no queda claro es de qué modo, esta idea del pacto policlasista que da su paso inicial con la conformación del CES, va a extenderse al bloque de alternancia que junto al FdeT integra el esquema de representación política que actúa dentro de los límites que impone el Estado Liberal Burgués (ELB) en Argentina.
Uno de los principales objetivos del acuerdo, es brindarle estabilidad y sustentabilidad al esquema de representación política existente. Por eso, es difícil imaginar que pueda prosperar un diseño de pactos como el que propone el gobierno, si no hay consenso entre los dos bloques que protagonizan ese esquema. Pero esto siempre es complicado y, más aún, en un año de elecciones.
Es de esperar que de cara a las parlamentarias, el bloque que se resume en JxC se alinee por derecha. Esto es algo que está grabado en su propio ADN y así lo certifica el recorrido que va desde los cacerolazos de 2008, hasta los que ahora mismo se hacen sentir para vociferar contra la “infectadura”.
¿Va a poder –y querer- el gobierno poner al acuerdo bajo un paraguas que lo proteja de las rispideces del año electoral?
Bajo la dinámica que impuso la pandemia, La Rosada mantuvo sin fisuras al FdeT y consiguió acuerdos con gobernadores de partidos provinciales y el cordobesismo de Juan Carlos Schiaretti. Pero también lo hizo con mandatarios de JxC como Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez.
Lo de Rodríguez Larreta está más difícil. Esta semana el jefe de Gobierno rechazó la invitación del ejecutivo nacional para charlar sobre la financiación de la Policía de la Ciudad. Es difícil saber cuánto de gestualidad y cuánto de convicción hubo en la invitación a retomar una negociación que quedó trunca cuando en septiembre, el Presidente tuvo que salir a sacar las papas de las brasas, porque el gobierno bonaerense no supo anticipar una crisis entre las filas de su policía que –fogoneada por la derecha- se le fue de las manos.
La carta de la manga que sacó Fernández, acabó con una negociación sobre la coparticipación de la Ciudad que, a fuego lento, venía llevando a cabo con Rodríguez Larreta, desde antes de entrar a La Rosada.
El jefe de Gobierno aspira a liderar el bloque de alternancia del esquema de representación política y más aún, quiere ser presidente en 2023. Por eso es difícil que –en un año electoral- resigne un reclamo que le sirve para aglutinar a diferentes facciones de JxC, al tiempo que puede convertirse en una bandera reivindicativa para enarbolar ante sectores medios de la Ciudad muy permeables a pensar que Argentina acaba en la General Paz.
Pero más allá de esto, al menos en esta etapa, la clave del pacto social reside en la capacidad que tenga el gobierno para seducir a los representantes del universo del capital. Si logra sumarlos a una agenda de acuerdos, es probable que se aceite el camino para que haya un correlato entre los dos bloques de representación política que, en definitiva, coinciden en lo esencial: ambos están convencidos de que nada existe por afuera de las relaciones que impone el capital y, en el mejor de los casos, discuten si la mejor receta para administrar al ELB es el “capitalismo neoliberal” o el “capitalismo bueno”.

Desafío

Así las cosas, el gobierno apura fotos y gestualidad, y se propone que el CES sea un espacio para construir políticas de Estado, pero también una herramienta que, además de lo estratégico, sirva para atender problemas cuya resolución precisa de miradas tácticas y de coyuntura. Sabe que su desafío es cómo hacer para que no pase lo que ocurrió con intentos similares: que la coyuntura se coma a la táctica y que, por lo tanto, ya ni siquiera quede espacio para pensar estratégicamente.
Un paneo de las voces que se alzan entre los sectores que se van a reunir en el CES, aclara algo sobre el borrador que en principio puede ponerse sobre la mesa.
Aunque están imbricados con los de índole táctica y de coyuntura, entre los temas estratégicos se presentan la reforma impositiva, las del Poder Judicial y el sistema financiero y la inherente a la matriz productiva, así como reformulaciones vinculadas al sistema previsional, la posibilidad de integrar el sistema de Salud y el siempre presente intento de reformulación de la relación entre los universos del capital y el trabajo por medio de una reforma laboral.
También están presentes aquellos problemas de carácter estructural que se plantean como consecuencia de las restricciones energética, externa y logística que históricamente presenta Argentina.
Estas restricciones son clave para comprender por qué el país tiene serias dificultades para lograr un crecimiento sostenido, algo que es fundamental para sostener políticas de redistribución de excedentes que se puede permitir el ELB.
Un trabajo publicado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, explica que si durante una década Argentina creciera a una tasa del cuatro por ciento anual, la pobreza se reduciría para alcanzar al quince por ciento de la población.
Claro que esto no implica que se modifique la matriz de desigualdad. Durante las presidencias de Cristina de Kirchner disminuyó la pobreza, pero se mantuvo la desigualdad que pasó todos los límites con el Gobierno Cambiemos. Hoy el decil más rico de la población, percibe 19 veces más ingresos que el diez por ciento más pobre, con lo que la brecha es tres veces superior a la que de hace un año.
Por su parte, entre los temas de abortaje táctico que dan vueltas en la previa de la convocatoria, aparece el tratamiento de la deuda. En este sentido, el ejecutivo puede exhibir el resultado de la negociación que hizo con los bonistas, que permitió reestructurar deuda nominada en moneda y legislación extranjera por alrededor de 66 mil millones de dólares. Y, asimismo, la que pilotea con el FMI.
Otro aspecto tiene que ver con definiciones que permitan –en el mediano plazo- que se añada más valor agregado a más productos primarios del país, algo ligado directamente con la necesidad de que se avance hacia un reordenamiento territorial que garantice trabajo y vivienda.
También se plantea la necesidad de que se creen herramientas que permitan transformar el trabajo informal en formal y otras que generen condiciones de fomento para que el capital ocioso se vuelva productivo.
En lo que tiene que ver con la coyuntura aparece el abordaje del tema tarifario en el que –en un año electoral- el gobierno camina sobre el filo de una navaja, ya que se debate entre sostener subsidios y las necesidades fiscales que hay.
Al respecto, la Secretaría de Energía lanzó el Plan Gas con el que espera frenar la caída que se registra en la producción, al tiempo que anticipó que, desde marzo, se pondría en marcha un esquema de transición de nuevas tarifas de energía, basado en un sistema de segmentación por ingresos.
Este segmento de la agenda se nutre también con temas como la situación cambiaria, la retención de divisas y la exportación, así como inflación, desocupación, crecimiento de pobreza e indigencia y la urgencia de que todos los argentinos coman cada día.

Cartas

Aquí hay que tener claro que el diseño hacia el que quiere avanzar La Rosada y menos el CES, implican un cogobierno y que, aunque se sienten a la misma mesa, muchos de los actores convocados van a seguir presionando y jugando con cartas marcadas. Pero el ejecutivo ya viene jugando algunas de sus propias cartas.
La canasta básica de pobreza creció en términos interanuales 43 por ciento durante noviembre, esto es siete puntos porcentuales arriba de la inflación de precios al consumidor general. Esta canasta incluye alimentos que aportan lo mínimo que precisa una persona para vivir medianamente sana.
El miércoles pasado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendió el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de maíz hasta el 1° de marzo. Esto quiere decir que por tres meses no se va a poder exportar este cereal y, así, se espera normalizar el abastecimiento interno hasta que ingrese la cosecha de la nueva campaña.
Cabe recordar que el maíz tiene una incidencia importante en la canasta básica, ya que es un componente central de la materia prima que se utiliza para alimentar al ganado bovino de feedlot, cerdos, pollos y ponedoras.
El alimento balanceado hecho a base de este cereal, representa alrededor del sesenta por ciento del costo final de la cadena de valor de estos productos.
Ante esto, Carbap se declaró en alerta y movilización, a lo que se sumaron la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) y CRA. Pero lo cierto es que la medida que permite que 4,27 millones de toneladas queden disponibles para el consumo interno, beneficia a los productores de carne y debería frenar la escalada que el precio de este producto viene registrando.
En noviembre, con una inflación del 3,2 por ciento, el precio de los cortes de carne bovina, se incrementaron entre un 6,1 y un 12,3 por ciento de acuerdo al relevamiento del Cepa. Todo esto, pese al acuerdo que hizo el gobierno con frigoríficos para garantizar que tres cortes tuvieran precios accesibles durante las fiestas.
También la semana pasada, el ejecutivo firmó con la Cámara de la Industria Aceitera (Ciada), un acta acuerdo para implementar un mecanismo de financiamiento que permita que el aceite de consumo familiar tenga un precio “accesible”. Al mismo tiempo, el Estado va a compensar a los productores del sector que abastecen al mercado interno con este componente fundamental de la cadena alimentaria.
Estos son dos ejemplos que hablan de la intención del gobierno de utilizar herramientas que permitan morigerar el crecimiento de la inflación, pero a su vez anticipan parte de la agenda de coyuntura que va a abordar el CES.
Al respecto, desde la Secretaría de Comercio Interior, se hizo saber que se avanza en acuerdos similares con otros sectores cuya producción incide en el precio de la canasta básica, al tiempo que recalcan que el esquema de Precios Cuidados se va a incrementar, en cada región, con productos de la zona correspondiente.
Con esta decisión y la puesta en marcha de la Ley de Góndolas, se espera desacelerar precios y favorecer al sector pyme que es el que genera el setenta por ciento de los puestos laborales del país.
Pero por más que protesten, los empresarios rurales tienen motivos para estar contentos. Los precios de los comodities agrícolas siguen en alza y la resolución que le dio el gobierno al tema deuda, favorece el acceso al crédito en un escenario global en el que, como subproducto de la pandemia, la expansión monetaria de los bancos centrales abarató el acceso al crédito.
Esto es algo que La Rosada quiere aprovechar para direccionar, hacia la agroindustria, lo que se pueda de esa oferta de crédito.
Pero las patronales rurales siguen marcando el terreno. En diciembre, el sector agroexportador liquidó 1.690 millones de dólares con lo que la cifra de todo el año asciende a 20.264 millones. Este es el tercer registro más bajo de la última década, después de 2014 y 2015.
De todas maneras, La Rosada avanza con medidas que pretenden revertir el proceso de reprimarización que se profundizó entre 2015 y 2019, para fomentar un esquema agroindustrial. Esto explica la eliminación total de retenciones a diferentes productos de economías regionales, que oficializó el último día de 2020.
Las cadenas alcanzadas por el arancel cero son las de carne ovina y caprina, huevos, acuicultura, apícola, hongos, olivícola, maíz pisingallo, legumbres, papa y mandioca, así como la de productos hortícolas como tomate, pimientos, cebolla, ajos, puerros y esparrago.
Aquí hay que recordar que las economías regionales representan algo así como una cuarta parte de las exportaciones y alrededor de la mitad del empleo que genera la cadena alimentaria.
Así las cosas, todo parece indicar que la convocatoria al CES llega con guiños a una parte del universo del capital que La Rosada considera clave para avanzar en su proyecto fundamental.