Empuñando una pistola, Ricardo Bussi lanzó su campaña para las elecciones que se van a llevar a cabo el 14 de mayo en Tucumán y las Presidenciales de octubre, donde aparece aliado a Javier Milei.
“Bussi gobernador, Milei presidente ¡La primera batalla!” es la leyenda que aparece en un cartel que cierra el video de presentación de la campaña con que La Libertad Avanza, lanzó su carrera en Tucumán de cara a los comicios del 14 de mayo, cuando en esta provincia se elija gobernador y vicegobernador, así como 49 legisladores provinciales. Pero también para las Presidenciales de octubre.
El spot es provocador. Ahí se muestra a Ricardo Bussi, empuñando una pistola y metiendo bala mientras se mezclan tomas de archivo con imágenes de hechos de inseguridad. El propio Bussi cierra señalando: “que la próxima vida que se pierda, no sea la tuya. Defendamos a nuestras familias de los delincuentes. Sí a la portación legal y libre de armas”.
La idea que amplifica este spot publicitario no es nueva y conforme se consolida la derecha cultural y política, aparece de forma más recurrente en discursos de gestión y campaña. Cuando era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró favorable a esta posibilidad, cuando al ser aboradada por periodistas a la salida de un restaurante, dijo que “el que quiera estar armado, que ande armado”.
Por su parte, el año pasado, Milei se pronunció en idéntica dirección, elogió a EE.UU. por la política que tiene ese país en este sentido y aseveró que “aquellos Estados que tienen libre portación de armas, le guste o no a la progresía, tienen muchos menos delitos”. Pero los dichos de estos personajes resultan refutados, incluso desde el mismo corazón de EE.UU.
Un trabajo publicado durante 2019 por la revista Journal of Empirical Legal Studies, da cuenta de que en ese país, los delitos violentos se incrementaron en hasta un quince por ciento a raíz de las leyes que permiten el fácil acceso a compra y posesión de armamento. También se puede citar un estudio de 2018 que fue publicado por la Pan American Journal of Public Health -dependiente de la Organización Panamericana de la Salud- donde se hace hincapié en que las leyes permisivas de portación de armas “no desalientan la comisión de delitos por aumentar la presencia de personas armadas”.
Va quedando claro que la obsesión casi patológica que este tipo de personajes de la derecha política tienen por la flexibilización extrema de los requisitos que el Estado impone para la adquisición de armas, nada tiene que ver con algún tipo de preocupación vinculado a la seguridad ciudadana.
Lejos de eso, este discurso puede ubicarse en el contexto del menaje de odio que está sumamente internalizado en un sector de la clase capitalista, que tiene por intención reforzar las herramientas de sustento fáctico de una mirada supremasista que, desde su propia autopercepción, pretenden consolidar.
Quienes construyen este discurso y más precisamente en Tucumán, no son otros que los herederos -literalmente- de Antonio Domingo Bussi, quien tras ser una pieza clave del terrorismo de Estado y gobernador de Tucumán tras la dictadura, acabó sus días condenado porque fue encontrado penalmente responsable de la comisión de crímenes de lesa humanidad y corrupción, pena que cumplió en su domicilio disfrutando de prisión domiciliaria.
Bussi fue elegido gobernador de Tucumán al ser postulado por Fuerza Republicana, en octubre de 1995. Pero su carrera política comenzó en 1987, cuando al amparo de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, compitió sin éxito por la Gobernación tucumana como candidato de Bandera Blanca, un sello que le prestó el por entonces diputado Exequiel Ávila Gallo.
Precisamente durante la noche del 27 de agosto de ese año estaba previsto que el represor encabezara un acto en Tafí Viejo y, en este contexto, se dispuso un operativo que comprendía un inusitado despliegue policial pero también el de bandas parapoliciales armadas que incluyeron a individuos que habían formado parte de grupos de tareas que actuaron en territorio tucumano durante la última dictadura.
Pero una movilización impulsada por familiares de personas de la región que fueron secuestradas y desaparecidas, junto militantes del Partido Comunista y La Fede, logró llegar hasta las inmediaciones donde sus integrantes fueron atacados a balazos por la patota de Bussi. El saldo fue de tres heridos, dos de ellos sobrevivieron, pero al militante de La Fede y la Liga por los Derechos del Hombre, Fredy Rojas, le impactó un disparo en la parte posterior de su cabeza lo que le causó la muerte el 29 de noviembre. Freddy tenía apenas veinte años de edad. Queda claro entonces de qué habla el hijo de Antonio Bussi en el spot de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza.
